Puente Real

Ley de Dependencia e Innovación en Servicios Sociales

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Fecha: 03/10/2011

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia ha marcado un antes y un después en el Sistema de Servicios Sociales de nuestro país, pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar.

Hasta la entrada en vigor de esta Ley, el mapa de los servicios sociales se fue configurando como un entramado de atención y protección social promovido por instituciones, profesionales y organizaciones, desarrollado de manera diferenciada en función del impulso de las diversas comunidades autónomas. La oferta de servicios y prestaciones, de características similares, tenía una regulación diferente, proporcionando soluciones diversas a las situaciones de las personas y sus familias.

La promulgación de la Ley supone un giro fundamental respecto a la situación anterior. Incorpora un derecho de ciudadanía en todo el Estado para las personas en situación de dependencia, genera un sistema al buscar la armonización de servicios, recursos y prestaciones para todos. No sólo define con un baremo único la situación y características de las personas que deben ser atendidas, además mandata al Estado y a las comunidades autónomas a establecer criterios comunes en su aplicación y desarrollo. Es una Ley de nuestro Estado autonómico, que busca la aplicación de un derecho con garantías para todas las personas desde el ejercicio competencial de las diferentes Administraciones Públicas. Este es un elemento clave para entender esta norma y el reto que supone para nuestro Sistema de Servicios Sociales y nuestro Estado de bienestar.

Pero, además, esta Ley incorpora una nueva concepción de los servicios sociales en la que las necesidades de los ciudadanos y de sus familias son el centro gravitatorio en torno al que gira el sistema; el objetivo es dar una solución integral a sus problemas, buscando su calidad de vida como un derecho en igualdad con el resto de la ciudadanía, sean cuales sean sus circunstancias personales.

Porque no sólo busca resolver la atención y el cuidado de quienes lo necesitan, sino que su objetivo es la promoción de la autonomía de cada persona teniendo en cuenta su posición de partida. El cuidado, los recursos, las herramientas que se ponen a disposición de cualquier persona en situación de dependencia debe servir para que su vida sea autónoma, son un instrumento al servicio del ejercicio de los derechos de ciudadanía de esa persona en todos los ámbitos de la sociedad, independientemente de su edad.

La concreción de este enfoque debe reflejarse en el Plan de Atención Individualizada (PIA), que se elabora entre la persona beneficiaria y los profesionales de los servicios sociales. Para llevarlo a cabo, se tienen en cuenta las circunstancias derivadas de la situación de dependencia, así como el resto de circunstancias personales, convivenciales y sociales de la persona beneficiaria, incluidos sus deseos sobre cómo y dónde quiere ser atendida.

El avance realizado para ir definiendo servicios como los de la promoción de la autonomía personal, la capacidad de diversas comunidades autónomas para configurar servicios domiciliarios que tienen una enorme demanda, la adecuación de los centros residenciales y la progresiva cualificación de sus excelentes profesionales, el impulso de herramientas tecnológicas para la atención a las personas y su autonomía, como los nuevos avances en teleasistencia y en ayudas técnicas, etc., son las primeras muestras de las posibilidades de nuestra futura red de servicios dirigidos a las personas en situación de dependencia que debe ser flexible, diversa y utilizar la tecnología como un apoyo clave.

La Ley está haciendo posible que muchas personas en situación de dependencia puedan permanecer en su casa y en su entorno habitual el mayor tiempo posible, está suponiendo también una renovación en la oferta residencial, mucho más especializada y, en definitiva, está ajustando la oferta a la demanda real de necesidades y deseos de quienes son sus principales protagonistas: las personas en situación de dependencia y sus familias porque, en torno a ellos, a su calidad de vida y a sus derechos de ciudadanía se articula nuestro Sistema de Servicios Sociales.

Hoy, además, podemos decir que debemos hablar de "inversión social" y no de gasto puesto que con el esfuerzo común de administraciones públicas, interlocutores sociales organizaciones y proveedores, estamos contribuyendo a la generación de empleo y bienestar para toda la sociedad.

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