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El Senado aprueba la Ley de Jurisdicción Social. Más agilidad en la resolución de conflictos de dependencia.

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Fecha: 21/09/2011

El Senado ha aprobado por unanimidad el proyecto de Ley de Jurisdicción Social para acelerar la resolución de conflictos en el reconocimiento de la prestación por dependencia, al pasarse de la vía contencioso administrativa actual a tramitarse en la Jurisdicción social. El texto ha incorporado dos enmiendas de CiU por lo que deberá regresar al Pleno del Congreso de los Diputados para su debate y aprobación.

El Gobierno deberá desarrollar, en un plazo máximo de tres años, una legislación específica que lo posibilite y fije su entrada en vigor. Así, se acelerará la resolución de las demandas presentadas por las dificultades o demoras que sufren las solicitudes de estas ayudas, derivadas de los problemas surgidos en la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad de las personas que requieren esta prestación.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas formuló una enmienda, que ha sido aprobada, en la que explicaba que "en cuestiones relativas al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y específicamente en materia de valoración de grado de dependencia y reconocimiento de servicios y prestaciones", el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones era atribuido hasta el momento a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin embargo, consideran que "no es el orden más adecuado para ejercer el poder judicial sobre la actividad administrativa en este orden, debido a la coherencia en la organización de las órdenes jurisdiccionales, por la conveniencia de lograr la mayor congruencia y armonización posible de las decisiones jurisdiccionales, por la necesidad de una mayor celeridad que se exige a los procedimientos en el orden social, por cuanto afectan a los derechos sociales, requiere una rápida respuesta judicial y Justicia Social".

Fuentes consultadas por Publicación de Dependencia y Atención Sociosanitaria aseguran que el hecho de que los temas de dependencia pasen a la Jurisdicción Social supone que "los equiparen a las prestaciones de la Seguridad Social y lo llevan a la jurisdicción donde se tratan estos asuntos". Esta circunstancia propicia que los juicios "sean mucho más rápidos que los del Contencioso ", lo que resulta algo muy positivo porque "afecta a gente dependiente que tiene más posibilidades de que el tiempo les perjudique más que al resto de los ciudadanos".

El nuevo texto también recoge enfoques y cambios desde la perspectiva de la mejor defensa de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios, y su defensa también ante los servicios públicos que gestionan las prestaciones a que tienen derecho, sea la Seguridad Social, el INEM, o cualquier otro.

 

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